lunes, 20 de noviembre de 2017

Legalidad penal y proceso de independencia de Cataluña . Debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión o sedición Francisco Javier Álvarez García / María Luisa Maqueda Abreu - Catedráticos de Derecho Penal de las Universidades Carlos III y Granada.



Los  abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.
De la conducta observada por diversos integrantes del Parlamento y el Gobierno catalán puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro Ordenamiento Penal.  
Mas ha de decirse que la exigencia de responsabilidades penales por lo ocurrido tiene que realizarse con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento en este ámbito.
A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión del artículo 474 del CP, y ello por la poderosísima razón de que está ausente un elemento estructural de ese ilícito cual es la violencia; requisito que tras una viva discusión en el Senado se decidió incorporar a la tipificación para, precisamente, constreñir su aplicación, en exclusiva, a supuestos de la máxima gravedad que no se dan en este caso: sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia.
Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario tal y como exige la ley, y no pueden atribuirse a aquéllos sucesos ocurridos con anterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal rige el principio de responsabilidad personal y sólo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos.
De igual forma debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión o sedición, y que tal entendimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Barcelona. En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 65.1 se refiere a los derogados “delitos contra la forma de Gobierno” como objeto de la competencia de la Audiencia Nacional, y en ningún momento alude a los delitos de rebelión o sedición.
En ese sentido la argumentación esgrimida por la titular del Juzgado Central de Instrucción para reclamar su competencia constituye una manipulación pocas veces vista en el ámbito forense. Más aún si tenemos en cuenta que en el Auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, este órgano jurisdiccional expresó con rotundidad que la Audiencia Nacional nunca ha sido competente para el conocimiento del delito de rebelión; y lo mismo puede decirse, añadimos nosotros, en relación al delito de sedición. Abundando en esta idea debe recordarse que la propia Fiscalía, en el mismo procedimiento al que nos acabamos de referir, afirmó que el delito de rebelión “nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno … por lo que es totalmente injustificado concluir … que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación y enjuiciamiento”.
Resulta preciso, por otra parte, denunciar la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 tanto en la fijación de fechas para prestar declaración (sobre todo si tenemos en cuenta la decisión tomada al respecto por el Instructor del Tribunal Supremo), como en el dictado de las prisiones preventivas que, sin duda, han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones.
En conclusión: desde una perspectiva estrictamente jurídica reclamamos a las instancias fiscales y judiciales que se atengan al Derecho, a la Ley, que investiguen y, en su caso, castiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia.

Por si acaso, al que fuera Fiscal General, José Manuel Maza, no se le hará la autopsia

Por si acaso, al que fuera Fiscal General, José Manuel Maza, no se le hará la autopsia

El cuerpo de José Manuel Maza no será sometido a una autopsia. Así lo ha anunciado el embajador de España en Argentina, Javier Sandomingo. El diplomático ha reiterado que la causa de la muerte “es natural” y “además un hospital”. “No es necesario”, ha zanjado ante los medios de comunicación en su residencia oficial.
En términos de medicina legal y forense, relatan las fuentes médicas consultadas por este periódico, cualquier fallecimiento “súbito” o “repentino” es calificado de “sospechoso” hasta que las evidencias clínicas dictaminan lo contrario. “El centro hospitalario deberá, en este caso, haber aportado las pruebas”.
Según la embajada española en Argentina, el traslado del Fiscal General fallecido será este lunes en vuelo regular: “De momento no tenemos todos los trámites hechos, pero creemos que eso es lo que es posible y previsible”.

20-N. El día que Arias Navarro nos mintió

20-N. El día que Arias Navarro nos mintió

Los poderes económicos que se consolidaron en la larga noche del franquismo con Franco vivo, no dejaron las riendas del poder cuando el dictador murió. Muy por el contrario, sus herederos económicos y los administradores del cortijo designados para la ocasión de acuerdo a la coyuntura histórica (UCD, PSOE, PP) han continuado su obra. Hoy ya no pueden engañar a nadie: la Transición, de la que tanto cacarean los que comieron (y comen) de ella, fue un fraude que sirvió para apuntalar a la burguesía franquista en el poder. El llamado “Régimen del 78” les sirve -de momento- para seguir ahí, manejando los hilos; no hubo ruptura y caramba si se nota. Las formas cambian para que no cambe el fondo. Arias Navarro hizo una opereta magistral tal día como hoy de 1975: anunció la muerte de Franco y algunos le creyeron.
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“Cualquier cosa contraria a la Naturaleza lo es también a la razón; cualquier cosa contraria a la razón es absurda” Baruch de Spinoza

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.  La sociedad civil actúa ante la irresponsabilidad de los gobiernos

“Cualquier cosa contraria a la Naturaleza lo es también a la razón;
cualquier cosa contraria a la razón es absurda”
 Baruch de Spinoza

“Un árbol no tiene ningún significado para una empresa”, afirmó Mirian Cisneros, presidenta kichwa de la comunidad amazónica de Sarayaku. Pero ese mismo árbol tiene gran sentido para Mirian y su comunidad, pues “si se corta un árbol, se corta la casa de los espíritus sagrados”. En s u relato resonó la larga y compleja lucha de su comunidad contra el Estado ecuatoriano y la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). Durante el neoliberalismo dicha empresa entró en territorio de la comunidad a buscar petróleo sin autorización de la comunidad y, con complicidad del Estado, colocó a la fuerza casi una tonelada de pentolita (un poderoso explosivo utilizado en la prospección sísmica).
La resistencia de Sarayaku paró la actividad petrolera. En 2003 sus habitantes denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando a la Corte Interamericana en 2010. Dos años después, este máximo tribunal resolvió a favor de Sarayaku, un pequeño poblado amazónico que aún resiste a las petroleras y al Estado . Pero a pesar de dichas resoluciones, el gobierno de Rafael Correa -atropellando de nuevo la voluntad de Sarayaku- entregó parte de su territorio a la petrolera china Petroandes.
El testimonio de Miriam Cisneros dio base para que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza construyera, junto con otros casos de destrucción ambiental en el mundo, su veredicto en contra de varios Estados irresponsables. Este Tribunal sesionó el 7 y 8 de noviembre en Bonn, en paralelo a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP­-23). Y allí se condenó varias violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos en Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, España, EEUU, Guayana Francesa, Isla Mauricio, Nigeria, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suecia.
Presidió la sesión Tom Goldtooth, de la Red Indígena Medioambiental. Como jueces actuaron Cormac Cullinan, del Instituto de Derecho Salvaje de Sudáfrica; Osprey Orielle Lake, de la Red de Mujeres por la Tierra y la Acción Climática, de Estados Unidos; la italiana Simona Fraudatario, del Tribunal Permanente de los Pueblos; Shannon Biggs, de Movement Rights, de Estados Unidos; el senador argentino Fernando Pino Solanas; la exdiputada alemana Ute Koczy; la keniata Ruth Nyambura, del Colectivo Africano de Ecofeministas; y, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. De fiscales de la acusación ejercieron Ramiro Ávila, jurista y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y la estadunidense Linda Sheehan, de la organización Planet Pledge.
La primera vez que este Tribunal sesionó fue en 2014, en Quito. Siguieron reuniones similares en Lima y Paris, ambos casos en paralelo a las Cumbres Climáticas de Naciones Unidas, en 2014 y 2015; también ha sesionado sobre temas específicos en Australia, Ecuador y EEUU.
En esta ocasión el Tribunal escuchó testimonios sobre fractura hidráulica (fracking) en EEUU y Argentina; energía nuclear en Sudáfrica con participación rusa; minería de lignito en Alemania, solo a 50 kilómetros de la conferencia COP 23 en Bonn; extractivismos y su infraestructura en la Amazonía, como la carretera que atraviesa el TIPNIS en Bolivia; proyectos REDD+ o similares, como Socio-Bosque en Ecuador; monocultivos que despojan agua en Almería – España; el impacto de los tratados de libre comercio sobre la Naturaleza. Un tratamiento especial se dio a los defensores de la Naturaleza en EEUU (pueblo Siux), Rusia (pueblo Shor) y Suecia (pueblo Sámi).
Durante estos dos días de intensas sesiones, 53 personas de 19 países presentaron dichas violaciones de los Derechos de la Naturaleza. Además, quedó evidenciado que los pueblos indígenas de todo el mundo son fundamentales en la defensa de la Madre Tierra, por lo que destacó su actuación en todo el proceso del Tribunal, como expertos y testigos.
De hecho, el Tribunal enjuició a la actual civilización capitalista: un sistema de patrones de dominación/explotación/conflicto -como diría el gran pensador latinoamericano Aníbal Quijano- creados por el dominio del capital en la política y la economía, cuya expansión destruye la Naturaleza y persigue a sus defensores. Este Tribunal exigió cambios estructurales y sistémicos para que se respeten los Derechos Humanos y de la Naturaleza, implicando -entre otros puntos fundamentales, como la equidad y la igualdad- la no criminalización de los defensores de dichos derechos y la urgente desmercantilización de la Naturaleza.
El marco jurídico referencial de este Tribunal es la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, expedida en 2010 en la Cumbre de los Pueblos en Tikipaya, Bolivia; así como la Constitución del Ecuador de 2008: la única en el mundo que hasta ahora reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Incluso en este Tribunal se desnudó el nefasto papel de los sistemas jurídicos imperantes en facilitar el cambio climático y la degradación de la Naturaleza a nivel mundial.
Este Tribunal internacional, inspirado en el Tribunal Russell -conocido también como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre- creado en 1966 para condenar los crímenes del imperialismo yanqui en Indochina, es una iniciativa de la sociedad civil para reunir públicamente testimonios sobre la destrucción de la Pachamama o Madre Tierra, así como la criminalización de sus defensores.
Es claro que cualquier acuerdo en la COP 23 y las acciones de allí derivadas en combate del cambio climático serán estériles si los gobiernos siguen ampliando los extractivismos, profundizando el uso de combustibles fósiles y nucleares, permitiendo a las corporaciones aprovechar mecanismos de resolución controversiales en los acuerdos comerciales para impedir la adopción de medidas efectivas para proteger la vida. Ningún acuerdo alcanzado desde la formalidad internacional enfrentará al cambio climático si sigue agudizándose la mercantilización y la financiarización de la Pachamama: la “economía verde” es una vía contraria a los Derechos de la Naturaleza y, por ende, a los Derechos Humanos.
De hecho la situación se empeora aceleradamente. Basta ver la evolución de la emisión de COluego del tan promocionado (como inútil) acuerdo de Paris en el 2015. Ese año dicha emisión fue de 3,3 partes por millón/año, con lo que la concentración de gases de efecto invernadero alcanzó las 403,3 partes por millón, la cifra más alta hasta ahora, de acuerdo a datos de la Organización Meteorológica Mundial. Una concentración de gases, que si mantuviera en ese nivel, nos afectará los próximos mil años. Es por tanto preocupante el impacto que esta situación provoca y seguirá provocando en los ecosistemas marinos y terrestres, con efectos negativos para los seres humanos y para la Pachamama. Y bien sabemos que la situación de sigue deteriorando.
En estas circunstancias, cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad, la sociedad civil responde -de nuevo- tomando la delantera. Así, mientras que la COP 23 fue un festival de falsas soluciones y de promesas sin compromiso, la sociedad civil identifica a los responsables por sus nombres, los sanciona éticamente y suma propuestas concretas a las luchas de resistencia. Así este Tribunal ético es parte de una potente pedagogía liberadora, la cual debe replicarse y ampliarse si la Humanidad no desea devenir en su propio verdugo.


El autor es economista ecuatoriano. Miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ex-presidente de la Asamblea ConstituyenteRebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Primera Gran Marcha Transfronteriza en solidaridad con el pueblo mapuche y la libertad de los presos políticos de pueblos originarios El buen vivir Marta Dillon Página/12

Primera Gran Marcha Transfronteriza en solidaridad con el pueblo mapuche y la libertad de los presos políticos de pueblos originarios
El buen vivir


Página/12


La marcha será transfronteriza aun cuando ellas, Moira Millán e Ivana Conejero, oriundas cada una de las tierras que separa la cordillera, no reconocen las fronteras de los Estados nacionales. Lo dijeron más de una vez, igual que dijeron, se lamentaron, por el modo en que las tratan los Estados y los medios de comunicación: como terroristas, como amenaza a la propiedad privada y a la organización democrática. "Más de 200 años de ocupación colonial de nuestros territorios sólo dejaron poblaciones exterminadas, contaminación, desaparición y muerte. Pero nosotras contestamos con movilización”.



 Imagen: Constanza Niscovolos
De pie y sin resguardo, la luz del sol cayendo perpendicular sobre sus galas mapuche, la frente mojada de sudor, las manos aferrando las banderas unidas. El caballo de bronce con la figura montada de Julio Argentino Roca no les hizo sombra, eligieron pararse ahí, dicen, para “darle la espalda al genocida”. No tuvieron micrófono en esta conferencia de prensa a la que acudieron muchos más medios internacionales que locales, que las rodearon con sus cámaras tan cerca como pudieron para registrar sus voces. Alrededor, cientos de taxis colapsaban el microcentro de Buenos Aires para reclamar contra la empresa Uber. Muy cerca de la Diagonal Sur, avanzaban sobre Avenida de Mayo columnas de organizaciones populares para exigir la emergencia alimentaria. Las dos mujeres se plantaron lo mismo, su urgencia no las dejó calcular la oportunidad de la convocatoria; no hay agenda para la protesta social aunque desde el gobierno se insista con domesticarla. Ellas estaban allí para anunciar la Primera Gran Marcha Transfronteriza en solidaridad con el pueblo mapuche y la libertad de todos los presos políticos de pueblos originarios: de la machi Francisca Linconao y del lonko Facundo Jones Huala; la primera detenida en Chile, el Ngulumapu como se llama a ese territorio en mapundung; el segundo, preso en Argentina, en el Puelmapu. La marcha será transfronteriza aun cuando ellas, Moira Millán e Ivana Conejero, oriundas cada una de las tierras que separa la cordillera, no reconocen las fronteras de los Estados nacionales. Lo dijeron más de una vez, igual que dijeron, se lamentaron, por el modo en que las tratan los Estados y los medios de comunicación: como terroristas, como amenaza a la propiedad privada y a la organización democrática. “Nos denostan porque queremos vivir en nuestras tierras, porque nos oponemos a la contaminación y a la apropiación del agua; porque no toleramos que los terratenientes quieran ponerle nombre a dones que son de todos y de todas. Más de 200 años de ocupación colonial de nuestros territorios sólo dejaron poblaciones exterminadas, contaminación, desaparición y muerte. Pero nosotras contestamos con movilización”. Nunca soltaron las banderas unidas de sus pueblos, si los bombos y las bocinas les tapaban la voz, ellas la forzaron para intentar “llegar al corazón de los pueblos argentino y chileno que para nosotras son uno solo, somos guardianes de la naturaleza y queremos que nuestros hijos y nietos lo sigan siendo porque la naturaleza no tiene dueño, no puede tener dueño”.
“Si pudimos y podemos seguir pidiendo Justicia por Santiago Maldonado, no ocultemos que el compañero estaba en el sur defendiendo la libertad del lonko, sumándose a nuestro reclamo”, dijo Moira Millán y unos pocos carteles con la mirada implacable de ese joven para el que ya no puede reclamarse la vida se levantaron para decir presente. Pero la empatía con ese muchacho no se derrama sobre la misma causa que el defendía, la del pueblo mapuche. Millán y Conejero lo saben pero insisten: la marcha que proponen será el 9 de diciembre, justo cuando Buenos Aires se prepare para ser sede de la Organización Mundial del Comercio, cuando representantes del capital que cruza fronteras cada vez con menos restricciones se encuentren para sellar nuevos acuerdos o aceitar otros que parecían olvidados. Será al mismo tiempo que en Jujuy una enorme Jallalla -reunión, asamblea- de mujeres se reúna después de viajar desde distintas geografías del país para seguir denunciando la categoría de presa política de Milagro Sala y de otras compañeras de la Tupac Amaru, la primera organización desmantelada después de la asunción del gobierno de Mauricio Macri. La concordancia entre la Jallalla en Jujuy y la marcha en solidaridad con el pueblo mapuche que tendrá epicentros en Buenos Aires y Santiago de Chile está en otra conmemoración, la del día siguiente, el día internacional de los Derechos Humanos. Nadie puede calcular cuántos cuerpos se sentirán convocados por el llamado de las mapuche a marchar, tampoco cuántas se reunirán en Jujuy aunque la movilización ya está hormigueando en distintas provincias. Ni con cuánto cansancio se llegará a la asamblea feminista el 11 de diciembre para denunciar los nuevos modos de explotación del capital sobre la vida cotidiana de millones que se acuerdan a puertas cerradas. Sí se sabe que la protesta no se deja domesticar, que aun en tiempos donde parece ya no haber energía para salir a la calle, se sigue saliendo igual. Aun ante la promesa de represión, de un orden que no se consigue ni sacando a ejércitos de fuerzas de seguridad a la calle; la calle sigue viva en la voz de quienes la pueblan y le ponen cuerpo a sus sueños. Las mapuche, a esos sueños los resumen en una fórmula: el buen vivir. Ellas dicen saber de qué se trata, que lo saben porque está en el ritmo que aprendieron de sus ancestros, que se trata de vivir en armonía con la naturaleza, protegiéndola y no saqueándola. Otros y otras le pondrán otros nombres, formas de organización y de rebeldía. Todas confluyen en la calle porque ahí, en el cuerpo a cuerpo, con las derrotas en las espaldas como historia propia, con el dolor cotidiano como marca indeleble, contra todo llamado a ser realistas, es donde se pide lo imposible. Donde se lo diseña, donde se lo acaricia.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/76366-el-buen-vivir

Unos días que estremecieron a España

Unos días que estremecieron a España

En esta semana se conmemoran dos acontecimientos claves en el devenir de nuestra historia. Fueron días de proclamación y funeral. Muere Franco (20N) entubado en una cama del hospital La Paz y las Cortes proclaman jefe de Estado a título de rey a Juan Carlos de Borbón (22N). El dictador, en su atado y bien atado, impuso una «monarquía del Movimiento». El rey ni juró ni prometió la actual Constitución; solo la sancionó, porque su poder era previo a la democracia. Fueron días de preludio a la Transición.
Franco estableció las bases para el futuro monárquico de España en 1947, con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que declaraba a España Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que le sucedería a título de rey. A Franco le hubiera gustado ser rey de España, por la gracia de dios. Estuvo cerca, aunque casó a su nieta Carmen Martínez-Bordiú con Alfonso de Borbón y Dampierre, muerto en extrañas circunstancias y que hizo sus pinitos para conseguir el trono. Franco usurpó prerrogativas reales, concedió títulos nobiliarios bajo palio y con guardia mora. Vivió como un rey, con boato y protocolo franquista, parecido a la corte de Alfonso XIII, pero con guerrera blanca, camisa azul y boina roja, España era una democracia orgánica, sin democracia y un reino sin rey.
«Españoles… Franco ha muerto», la frase de Arias en el recuerdo. «El hombre de excepción que ante dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida». Franco, ese hombre, unos meses antes, había firmado las últimas cinco penas de muerte de la dictadura y el 27 de septiembre se ejecutó la sentencia por fusilamientos. Franco murió matando. Del «llanto de España» que decía Arias, a las copas de champán en muchos hogares. Del «dolor y la tristeza» del carnicero de Málaga, a la esperanza ante el futuro. En mi memoria, Franco en estado mortuorio, en la cama de la habitación 103 del hospital La Paz, entubado en su agonía prolongada por medios mecánicos y por razones políticas.
Fueron tiempos de silencio. Franco, con todo el poder en sus manos, diseñó el nuevo régimen: una «monarquía del Movimiento». Todo pretendía dejarlo «atado y bien atado» y no todo salió bien, aunque dicen que le dijo a Juan Carlos, ya príncipe de España: «No sirve de nada lo que yo le diga, porque usted lo tendrá que hacer de otra manera». El tránsito a la democracia culminó en 1978 con la Constitución y como forma política la monarquía parlamentaria. En el diseño de la Transición, el referéndum sobre monarquía o república estuvo encima de la mesa; pero «hacíamos encuestas y perdíamos», admite Adolfo Suárez, por lo que se rechazó. La solución para que la consulta no se realizara fue meter «la palabra rey» hasta cinco veces en la ley de la Reforma Política de 1976.
Desde 1969, vivimos en un reino sin trono, sustentado por una cruel dictadura; faltaba elegir a la persona, al sucesor; y no iba a ser el heredero del anterior rey. Lo que es la historia y las fechas, un 20 de noviembre de 1931, Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, fue declarado por las Cortes Constituyentes «culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos» y degradado de sus dignidades. Franco cerró la puerta a don Juan en la Ley de Sucesión: El Jefe del Estado podía proponer a las Cortes la exclusión de la sucesión a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que «por su desvío notorio de los Principios Fundamentales del Estado o por su actos, merezcan perder derechos de sucesión establecidos por esta Ley» (artículo 13). Don Juan no reunía la capacidad adecuada, pero su hijo y su descendencia podrían resultar.
Demasiadas intrigas e intereses para la reinstauración (restauración o instauración según lo dijeran unos u otros) de la monarquía en España. Tras descartar al heredero legítimo, elige al hijo del pretendiente. Un niño al que podría adoctrinar en la ideología del régimen, como hizo. Comenzó cambiándole el nombre; de Juanito, a Juan Carlos. No es hasta el 22 de julio de 1969, cuando con el título de Príncipe de España, Juan Carlos jura como sucesor de Franco. Ese fue el primer acto institucional en su camino al trono de España. Jura fidelidad a los principios del Movimiento, acepta ser sucesor de Franco a título de rey, «recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad política surgida del 18 de julio». Aseguraba para él y los suyos una corona que hoy todavía ostenta; y el régimen garantizaba el franquismo sin Franco, convencidos de que un príncipe que jurase fidelidad a los principios y leyes fundamentales del Reino(Movimiento), traicionando a su padre, sería fácil de manejar.
Juan Carlos jura fidelidad a los principios del Movimiento, acepta ser sucesor de Franco a título de rey, «recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad política surgida del 18 de julio». Casi nada; heredaba un régimen surgido por un golpe de Estado y una guerra fraticida. Aseguraba para él y los suyos una corona que hoy ostenta su hijo, y el régimen garantizaba el franquismo sin Franco. Estaban convencidos de que un príncipe, que juraba fidelidad a los principios y leyes del Movimiento, traicionando a su padre, sería fácil de manejar. Por cierto Felipe de Borbón, en sus últimas actuaciones ha dejado de ser un rey neutral, al tomar partido en el procés de Catalunya, amparando la actuación de Rajoy y el 155.
Juan Carlos fue nombrado sucesor del dictador. Franco delegó en él en dos ocasiones la jefatura del Estado, por motivos de salud, por lo que el rey ejerció de dictador suplente en dos ocasiones antes de ser rey. En la última suplencia, moribundo Franco, presionado por Estados Unidos, Francia y su hermano el rey de Marruecos, un 14 de noviembre, descolonizó el Sahara Occidental. El monarca se acomodó al sistema y el pueblo nos acostumbramos a un rey, aparentemente sin opinión, salvo en nochebuena, delante de un «belén», con olor a naftalina, sabor a anís y sonidos de pandereta. España salía de la noche oscura de la dictadura y entraba en el sendero de la democracia, no sin sobresaltos e incertidumbre, mucha incertidumbre.
La monarquía, por su naturaleza, es antidemocrática; atenta contra la igualdad de oportunidades y al principio constitucional de igualdad ante la ley. Es un órgano del Estado, sobre el que el propio Estado no tiene ningún tipo de control: ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes que representan a la soberanía nacional, no tienen competencia alguna sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable constitucionalmente, lo que le sitúa por encima de la ley. La corona es un órgano opaco, poco transparente, que no da cuentas a nadie, sobre nada y de todo. Es tiempo de pensar en el cambio, por cuestión de salud democrática.
Durante la Transición se establece la monarquía parlamentaria como modelo político del Estado. Todo fue posible por el acuerdo tácito de pasar página; por miedo y por el ansia y anhelo de libertad. La Constitución fue un trágala para salvar la monarquía, una operación de blanqueo e hipnotismo ejemplar: «o te comes la manzana con gusano o no hay manzana», decía el profesor Vicenç Navarro. El rey ostentaba la legalidad fáctica heredada de Franco, la legitimidad dinástica de su padre, pero no fue hasta el 23F en el que pasó, de ser el rey de Franco, a salvador de la democracia. Se trataba de consolidar al rey, ya fuese con el triunfo del golpe de estado o con su fracaso. Y lo consiguieron.
Desde el principio de los tiempos de la Transición, algunos dirigentes franquistas, se convirtieron en demócratas de toda la vida. Hoy son los mismos, que desde las alcaldías, parlamentos y desde el propio PP en el gobierno, siguen identificados con el franquismo y con los comportamientos y actos de apología fascista, que son delictivos y deben ser perseguidos y sancionados.
Desde aquel 20N han transcurrido cuarenta y dos años y parte de mi vida. Por cierto un 20N de 1957, el día del santo de mi madre, murió mi padre. Recuerdos y emociones a flor de piel. Desde la ilusión contenida al compromiso político permanente. De la esperanza sin traba al desasosiego de hoy. De todo puede ser a solo algunas cosas fueron. De lo conseguido a lo que ahora perdemos.
@caval100
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Guerra financiera y económica de Occidente Objetivo, adueñarse de Venezuela. Hedelberto López Blanch. Rebelión

Guerra financiera y económica de Occidente
Objetivo, adueñarse de Venezuela. Hedelberto López BlanchRebelión

La obsesión de Estados Unidos encabezada por su presidente Donald Trump por derrocar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela llega hasta lo inaudito y días tras días impone sanciones económicas y financieras a la par que presiona a varios de sus aliados para que sigan su mismo derrotero.
Una de las últimas acciones tomadas por Washington fue vetar el financiamiento necesario de los bonos que Venezuela ha emitido y tiene que pagar y los bonos que iba a colocar en el mercado internacional.
Inmediatamente las llamadas agencias calificadoras de riesgo, Fitch y Standard & Poor's rebajaron la nota de deuda de Venezuela. La primera lo hizo de la categoría CC a C, casi la más baja de esa escala, mientras que Standard & Poor´s la llevó de CCC a CC. Ambas argumentaron que la decisión se debió al anuncio hecho por las autoridades bolivarianas el 3 de noviembre de realizar una renegociación de sus obligaciones de la deuda externa soberana.
Con el objetivo de infundir más miedo a los inversionistas y acreedores, Fitch y Standard & Poor´s, añadieron que estimaban muy probable la suspensión de pagos por parte de Caracas.
En una intervención televisada el presidente Nicolás Maduro aseguró que su Gobierno continuaría abonando los adeudos que tenía, como lo ha hecho en los últimos cuatro años en los que ha pagado 71 100 millones de dólares, pero que se hacía necesaria la reestructuración de la deuda por las nuevas medidas asfixiantes contra la economía de la nación suramericana decretadas por Donald Trump.
Las declaraciones realizadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el pasado 25 de agosto son más que elocuentes: “la acción impuesta contra Caracas esta dirigida a la prohibición de acceso de Venezuela a los mercados de deuda y equidad de Estados Unidos, no van a poder tomar ventajas del sistema financiero de Washington para destruir la economía venezolana. Estas medidas también van a minar la capacidad de Maduro de pagar a los partidos y simpatizantes del Gobierno y va a aumentar la presión sobre Caracas para que abandone su desastroso camino”.
El refinanciamiento de deudas es un proceso soberano aceptado por los principios de las Naciones Unidas en el cual el país no descarta ni abandona sus compromisos internacionales pero sí exige como pagador confiable que se realicen los términos de desembolso en mayores condiciones para esa nación y para los acreedores.
Estados Unidos trata de que esta acción bolivariana no pueda realizarse y a la par se apoya en las calificadoras de riesgo, en su juego político contra ese país, las cuales hacen más caro el crédito y la reestructuración o refinanciamiento de la deuda.
Estas calificadoras han puesto a la República Bolivariana en mucho más peligro de impagos que Colombia, una nación en conflicto, a Argentina que acordó una deuda por 100 años, o a Ucrania y Grecia, envueltas hace años en profundas crisis.
Las evaluaciones establecidas por esos centros, basándose en la hipotética “fortaleza o debilidad” de las economías de los países, pueden ser desde Triple AAA, pasando por los distintos niveles A, de B, hasta una sola C. A los que, por ejemplo, les otorguen categorías de CCC, CC o C, les será difícil recibir empréstitos o que alguna entidad compre sus deudas.
Las transnacionales financieras y otras importantes instituciones se guían por los informes y proyecciones de esas tres instituciones, Standard & Poor´s (S&P), Moody´s y Fitch (conocidas también como la “santísima trinidad”) cuando van a realizar una inversión en el sector privado o en una nación.
Como consecuencia si esas agencias calificadoras rebajan la nota de alguna compañía o país el capital no fluye hacia ese lugar y si lo hace deberá pagar más intereses a los que osen poner dinero en sus bonos con el consecuente aumento de sus deudas.
Pero hay mucho más en esta violenta guerra económica contra Caracas. El 1 % de las familias más ricas del planeta (Goldman Sachs, Rockefeller, Rochschild, Wilbur, Wallemberg, Moses, son a su vez las dueñas de las tres grandes rectoras de riesgos citadas y controlan entre sus haberes a las ocho compañías financieras de Estados Unidos: Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, The Bank of New York Mellon, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, State Street Corporation y Wells Fargo & Company.
Estas tienen la potestad de poner y quitar a los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), del Banco Mundial y del Banco Central Europeo. Esas mismas familias, bancos e instituciones financieras, son propietarias de las principales petroleras del orbe, como Chevron, Conoco Philips, Exxon Movil, Total, BP, y de los mayores medios de comunicación, compañías farmacéuticas, de alimentos y la industria de armas.
Es decir, cualquier gobierno que no obedezca sus intereses y no responda a sus políticas financieras y económicas deberá sufrir los embates de esos poderosos.
Ejemplos del bloqueo contra la República Bolivariana, se aprecian de innumerables formas: Euroclear, una empresa operadora de bancos con sede en Bruselas y creada por JP Morgan, tiene retenido más de 2 200 millones de dólares en papeles para la compra de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano; la empresa colombiana BSN Medical, propiedad de la familia Wallenberg prohibió, por orden del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la venta de medicinas a Caracas para tratar la malaria y el paludismo.
En conclusión es una guerra económica y financiera en todos los frentes con el objetivo final de derrocar al Gobierno y adueñarse de sus enormes reservas de petróleo, las mayores del mundo.
Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

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